El Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasifica formalmente a los emisores de stablecoins como “instituciones financieras”, exigiéndoles cumplir con la Ley de Secreto Bancario y aplicar normativas contra el lavado de dinero. Además, el responsable de cumplimiento del emisor debe ser un residente de Estados Unidos sin antecedentes penales.
El Tesoro colabora con dos grandes organismos para implementar la supervisión; los emisores de stablecoins pasan oficialmente a ser instituciones financieras
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio oficialmente un paso clave en materia de regulación el pasado (4/8). La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de su estructura publicaron conjuntamente una norma propuesta, cuyo objetivo es implementar plenamente la Ley GENIUS aprobada en julio de 2025.
El núcleo de esta estructura regulatoria consiste en definir a los “proveedores de pagos de stablecoins autorizados” (PPSIs) como “instituciones financieras” dentro del alcance de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó de manera explícita en una declaración que el objetivo principal de la propuesta es proteger el sistema financiero estadounidense de amenazas a la seguridad nacional, y al mismo tiempo garantizar que las empresas estadounidenses puedan mantener su competitividad de forma continua en el ecosistema de pagos con stablecoins.
El impulso de esta medida refleja la ambición del gobierno de Donald Trump por posicionar a Estados Unidos como líder mundial en activos digitales, y también muestra una postura firme de la administración frente a la defensa de la seguridad nacional.
Fortalecer el cumplimiento contra el lavado de dinero y las sanciones, otorgar a los emisores facultades para congelar transacciones
De acuerdo con esta nueva norma propuesta, los emisores de stablecoins asumirán responsabilidades legales equivalentes a las de la banca tradicional. Los emisores deben establecer un plan integral contra el lavado de dinero (AML) y para combatir la financiación del terrorismo (CFT), y contar con la capacidad de detectar y reportar de forma proactiva actividades sospechosas. La norma exige de manera clara que los emisores, a nivel técnico, deben tener la autoridad para “interceptar, congelar y rechazar” determinadas transacciones, con el fin de responder a las solicitudes de los organismos encargados de la aplicación de la ley e impedir el flujo de fondos relacionado con actividades ilícitas.
El director ejecutivo de la empresa de inteligencia blockchain Nominis, Snir Levi, señaló que este cambio convierte a los emisores en una especie de guardianes a modo de banca; en el futuro, el mercado verá acciones a mayor escala como congelamientos de billeteras, interceptación de transacciones y medidas de incautación de activos.
El Tesoro considera que estas obligaciones son “a medida” y adecuadas para el propósito. El organismo ajustará los estándares según el tamaño del emisor y la complejidad de sus operaciones, intentando lograr un equilibrio entre combatir el crimen y fomentar el desarrollo tecnológico, para evitar imponer una carga administrativa excesiva a la industria.
Seleccionar estrictamente a los responsables de cumplimiento; la cooperación entre organismos crea un ecosistema de efectivo digital
Para asegurar que el plan de cumplimiento se ejecute de manera efectiva, la propuesta establece umbrales estrictos para la asignación de personal en los emisores. En el futuro, los emisores de stablecoins deben designar personal dedicado que se encargue del sistema de defensa contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Dicho responsable debe residir dentro de Estados Unidos, y está estrictamente prohibido que personas con antecedentes penales, como delitos de información privilegiada, delitos informáticos o fraudes financieros, ocupen este cargo. Además del Departamento del Tesoro, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) también publican, sucesivamente, normas de implementación relacionadas.
La FDIC aclaró especialmente en la propuesta que, aunque los depósitos de reservas de los emisores de stablecoins estarán protegidos, los tenedores individuales de stablecoins no estarán amparados por el seguro federal de depósitos. El vicepresidente senior de la agencia de calificación Moody’s, Warren Kornfeld, analizó que, si estas disposiciones se aplican por completo, se establecerá dentro del sistema bancario un ecosistema de efectivo digital claramente jerarquizado, y las fronteras entre la banca tradicional y los activos digitales se superpondrán aún más.
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Perspectivas del mercado y juego político; riesgos y oportunidades a los que se enfrentan los emisores de stablecoins
A medida que se prevé que la Ley GENIUS entre en vigor plenamente en 2027, los principales emisores, como Tether, Circle, Ripple y World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, esperan a que se definan los detalles finales. A pesar del aumento de la presión regulatoria, en la industria se considera en general que la claridad normativa ayudará a que los activos de stablecoins avancen hacia el mercado general. Según las previsiones del informe de Chainalysis, para 2035 el volumen anual de transacciones de las stablecoins podría dispararse hasta 1.500 billones de dólares.
Fuente de la imagen: Chainalysis Chainalysis prevé que para 2035 el volumen anual de transacciones de las stablecoins podría dispararse hasta 1.500 billones de dólares
Sin embargo, el juego político no se ha detenido; el debate en el Senado sobre la Ley CLARITY sigue estancado. El Comité de Asesores Económicos de la Casa Blanca se opone a la prohibición de los ingresos por stablecoins, argumentando que la prohibición no ayuda a proteger los préstamos bancarios y, por el contrario, aumentaría los costos para los usuarios.
En el plano internacional, Irán anunció recientemente un plan para imponer un peaje de 1 dólar en Bitcoin ($BTC) a los petroleros que crucen el Estrecho de Ormuz, con el fin de eludir las sanciones. Los riesgos financieros ilegales derivados de este tipo de conflictos geopolíticos han llevado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a acelerar el establecimiento de un mecanismo estricto de control mediante la Ley GENIUS.
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