La Corte Suprema de EE. UU. revocó los aranceles recíprocos con una votación de 6 a 3, y luego Trump citó la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para planear una nueva ola de aranceles de seguridad nacional.
Recientemente, la Corte Suprema de EE. UU. con una votación de 6 a 3, revocó la mayoría de los “aranceles recíprocos” implementados previamente por el gobierno de Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. El tribunal determinó que la imposición de impuestos generales a casi todos los socios comerciales por parte del presidente excedió la autoridad legal.
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Estos aranceles revocados representaban más de la mitad de los ingresos adicionales por aranceles durante el segundo mandato de Trump, causando un impacto significativo en las políticas fiscales y de industria. Para cubrir la brecha, Trump anunció posteriormente un arancel global del 15% por 5 meses como medida transitoria. La Casa Blanca inició inmediatamente un plan alternativo. Varias fuentes cercanas al gobierno revelaron que el equipo ejecutivo ya está planificando una nueva “tarifa de seguridad nacional” y preparándose para promoverla bajo diferentes bases legales.
La nueva ola de aranceles se planea aplicar bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esta disposición autoriza al presidente a imponer aranceles por motivos de seguridad nacional, y tras completar las investigaciones necesarias, el presidente puede ajustar unilateralmente las tasas.
Se rumorea que las industrias potencialmente incluidas son baterías de gran tamaño, fundición y accesorios de hierro, sistemas de tuberías plásticas, productos químicos industriales, así como equipos de redes eléctricas y telecomunicaciones, entre 5 y 6 sectores. Estos productos no estaban completamente cubiertos por los aranceles recíprocos anteriores.
Durante su segundo mandato, Trump ya aplicó múltiples aranceles bajo la Sección 232 a acero, aluminio, cobre, piezas de automóviles y camiones, medidas que no se vieron afectadas por la reciente decisión de la Corte Suprema.
Además de los sectores mencionados, la Casa Blanca también considera acelerar los procedimientos de investigación existentes bajo la Sección 232. Según fuentes, industrias como semiconductores, medicamentos, drones, robots industriales y silicio policristalino para paneles solares están en evaluación. Algunas investigaciones llevan aproximadamente un año en marcha, y se espera que tras la decisión judicial, la administración acelere el proceso.
Por otro lado, el gobierno está revisando la forma en que se calculan actualmente los aranceles de acero y aluminio. La nueva propuesta podría reducir las tasas nominales y basar los impuestos en el valor total del producto. Si se implementa, algunas empresas podrían enfrentar mayores cargas reales.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que proteger la seguridad nacional y económica de EE. UU. sigue siendo la prioridad del presidente, y que el gobierno utilizará todas las facultades legales para impulsar las políticas relacionadas. Los análisis del mercado indican que, tras el revés judicial, Trump ha cambiado su justificación legal de los aranceles a la seguridad nacional para evitar controversias sobre la autoridad de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.
Con la implementación temporal del arancel global del 15%, si la tarifa de seguridad nacional bajo la Sección 232 se concreta oficialmente, la incertidumbre en la política comercial exterior de EE. UU. aumentará aún más, y las empresas y cadenas de suministro enfrentan nuevos costos y riesgos.
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