Al menos 20 comunidades con grandes almacenes son objetivos encubiertos para centros de detención masivos de ICE. ‘No hubo absolutamente ninguna advertencia’

En un pueblo de Texas en la frontera del Río Grande y una alta pared metálica, circulaban rumores de que las autoridades federales de inmigración querían comprar tres almacenes enormes para convertirlos en un centro de detención.

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Mientras los funcionarios locales se esforzaban por averiguar qué estaba sucediendo, se presentó una escritura que mostraba que el Departamento de Seguridad Nacional ya había firmado un acuerdo por 122,8 millones de dólares para los almacenes de 76,738 metros cuadrados en Socorro, una comunidad dormitorio de 40,000 habitantes en las afueras de El Paso.

“Nadie del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono o enviarnos alguna correspondencia para informarnos qué va a suceder,” dijo Rudy Cruz Jr., alcalde del pueblo predominantemente hispano de casas bajas y parques de remolques, donde los huertos y canales de irrigación comparten el paisaje con centros comerciales, estaciones de camiones, plantas de reciclaje y almacenes de distribución.

Socorro está entre al menos 20 comunidades en EE. UU. con grandes almacenes que se han convertido en objetivos encubiertos para la expansión de 45 mil millones de dólares de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de detención.

A medida que el apoyo público a la agencia y a la política de inmigración del presidente Donald Trump disminuye, las comunidades se oponen a las detenciones masivas y expresan preocupaciones de que las instalaciones puedan agotar los recursos hídricos y otros servicios, además de reducir los ingresos fiscales locales. En muchos casos, alcaldes, comisionados de condado, gobernadores y miembros del Congreso supieron de las ambiciones de ICE solo después de que la agencia compró o alquiló espacios para los detenidos, lo que causó sorpresa y frustración incluso en áreas que respaldaron a Trump.

“Simplemente siento,” dijo Cruz, cuya esposa nació en México, “que hacen estas cosas en silencio para que no haya oposición.”

Comunidades buscan información

ICE, que forma parte del DHS, ha comprado al menos siete almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas, según muestran las escrituras. Se han anunciado otros acuerdos, pero aún no se han finalizado, aunque en ocho lugares las ventas fueron canceladas.

El DHS se opuso a llamar a estos sitios almacenes, enfatizando en un comunicado que serían “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares habituales de detención.”

El proceso ha sido caótico en ocasiones. ICE reconoció esta semana que cometió un “error” al anunciar compras de almacenes en Chester, Nueva York, y Roxbury, Nueva Jersey. Luego, Roxbury anunció el viernes que la venta allí se había cerrado.

El DHS ha confirmado que busca más espacio de detención, pero no ha divulgado sitios específicos antes de las adquisiciones. Algunas ciudades supieron que ICE estaba buscando almacenes a través de reporteros. Otras fueron informadas por una hoja de cálculo que circulaba en línea entre activistas, cuyo origen no está claro.

No fue hasta el 13 de febrero que se confirmó el alcance del proyecto de los almacenes, cuando la oficina del gobernador en New Hampshire, donde hay rechazo a un centro de procesamiento de 500 camas, publicó un documento de ICE que mostraba que la agencia planeaba gastar 38,3 mil millones de dólares para aumentar la capacidad de detención a 92,000 camas.

Desde que Trump asumió el cargo, el número de personas detenidas por ICE ha aumentado de 40,000 a 75,000, distribuidas en más de 225 sitios.

ICE podría usar los almacenes para consolidar y aumentar la capacidad. El documento describe un proyecto que incluye ocho centros de detención a gran escala, capaces de albergar de 7,000 a 10,000 detenidos cada uno, y 16 centros regionales de procesamiento más pequeños. También menciona la adquisición de 10 instalaciones “llave en mano” existentes.

El proyecto está financiado a través de la gran ley de recortes de impuestos y gastos aprobada por el Congreso el año pasado, que casi duplicó el presupuesto del DHS. Para construir los centros de detención, la administración Trump está utilizando contratos militares.

Esos contratos permiten mucho secreto y que el DHS actúe rápidamente sin seguir los procesos y salvaguardas habituales, explicó Charles Tiefer, profesor emérito de derecho en la Universidad de Baltimore.

La instalación de Socorro podría ser una de las más grandes

En Socorro, los almacenes propiedad de ICE son tan grandes que cabrían dentro 4 ½ supermercados Walmart, en contraste con los restos de la austera arquitectura colonial española y misional que define el pueblo.

En una reunión reciente del Ayuntamiento, los comentarios del público duraron horas. “Creo que muchas personas inocentes están siendo atrapadas en su red,” dijo Jorge Mendoza, jubilado del condado de El Paso, cuyos abuelos emigraron de México.

Muchos oradores expresaron preocupaciones por tres muertes recientes en una instalación de ICE en la base militar Fort Bliss.

Las comunidades temen un impacto financiero

Incluso las comunidades que respaldaron a Trump en 2024 han quedado sorprendidas por los planes de ICE y han expresado inquietudes.

En el condado de Berks, en Pensilvania, el comisionado Christian Leinbach llamó al fiscal del distrito, al sheriff, al director de la cárcel y al jefe de servicios de emergencia del condado cuando supo que ICE podría comprar un almacén en Upper Bern Township, a 4.8 kilómetros de su casa.

Nadie sabía nada.

Unos días después, un funcionario local encargado de los registros de tierras le informó que ICE había comprado el edificio — promocionado por desarrolladores como un “centro logístico de última generación” — por 87,4 millones de dólares.

“No hubo advertencia alguna,” dijo Leinbach en una reunión donde expresó su preocupación de que convertir el almacén en una instalación federal significaría una pérdida de más de 800,000 dólares en impuestos locales.

ICE ha destacado los impuestos sobre la renta que pagarían sus trabajadores, aunque las instalaciones en sí estarán exentas de impuestos a la propiedad.

Un centro de detención en Georgia podría albergar el doble de la población de la ciudad donde está ubicado

En Social Circle, Georgia, que también apoyó firmemente a Trump en 2024, las autoridades quedaron atónitas ante los planes de ICE para una instalación que podría albergar de 7,500 a 10,000 personas, tras enterarse por un reportero.

La ciudad, con solo 5,000 habitantes y preocupada por las necesidades de infraestructura de tal centro, solo supo de la compra tras la finalización de la venta de un almacén de 92,900 metros cuadrados por 128.6 millones de dólares. Como Socorro y Berks County, Social Circle cuestionó si el sistema de agua y alcantarillado podría soportar la demanda.

ICE afirmó que realizó la debida diligencia para asegurarse de que los sitios no sobrecargaran los servicios municipales. Pero Social Circle dijo que el análisis de la agencia dependía de una planta de tratamiento de aguas residuales aún por construir.

“Para ser claros, la ciudad ha comunicado reiteradamente que no tiene la capacidad ni los recursos para atender esta demanda, y ninguna propuesta presentada hasta ahora ha demostrado lo contrario,” afirmó la ciudad en un comunicado.

Y en las afueras de Phoenix, en Surprise, las autoridades enviaron una carta severa a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, después de que ICE comprara sin aviso un enorme almacén en una zona residencial a aproximadamente una milla de una escuela secundaria. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, de partido demócrata, planteó la posibilidad de acudir a los tribunales para declarar el sitio como un problema público.

Multitudes esperan para hablar en Socorro

De regreso en Socorro, las personas que esperaban para hablar en contra de la instalación de ICE salieron del recinto del Ayuntamiento, algunos junto a murales en homenaje al Programa Bracero de la Segunda Guerra Mundial, que permitió a los jornaleros mexicanos trabajar como empleados invitados en EE. UU. El programa impulsó la economía y la población de Socorro antes de que la administración del presidente Dwight D. Eisenhower en los años 50 comenzara deportaciones masivas dirigidas a quienes cruzaron ilegalmente la frontera.

Eduardo Castillo, ex abogado del Departamento de Justicia de EE. UU., dijo a las autoridades municipales que desafiar al gobierno federal es intimidante pero “no imposible.”

“Si al menos intentas,” afirmó, “terminarás con otra instalación de detención inhumana construida en tu jurisdicción y bajo tu vigilancia.”

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