Las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero destacan el control de Turkestán Oriental, y los activos virtuales se incluyen en el alcance de la supervisión

En enero de 2026, el Banco Popular de China, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad Pública y otros ocho departamentos, publicó oficialmente el “Reglamento de Gestión de Medidas Especiales de Prevención del Lavado de Dinero”. Esta nueva normativa, aprobada en la reunión del Consejo de Administración del Banco Central el 17 de noviembre de 2025, entrará en vigor oficialmente el 16 de febrero de 2026. Como un documento complementario importante a la “Ley contra el Lavado de Dinero (Revisión 2024)”, este reglamento establece por primera vez de manera sistemática el alcance de aplicación, los estándares de implementación y la división de responsabilidades de las medidas especiales de prevención del lavado de dinero mediante la gestión de listas y controles de todo el proceso, fortaleciendo aún más el sistema de prevención y control contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto plantea desafíos sin precedentes para la operación conforme a la ley de las instituciones financieras y ciertas instituciones no financieras.

Clarificación del “Sistema de Lista Negra” contra el Lavado de Dinero: establecimiento de tres mecanismos para un sistema de control

La innovación central de esta nueva normativa es la primera vez que se establece claramente el “Sistema de Lista Negra” contra el lavado de dinero. Esta lista negra es mantenida y gestionada conjuntamente por tres entidades a nivel nacional más una adicional, denominadas en conjunto como el “Sistema de Lista Negra Nacional”, compuesto por: el Grupo de Liderazgo para la Lucha contra el Terrorismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Popular de China, y en coordinación con otros órganos relevantes de otros países.

Primero, la Oficina del Grupo de Liderazgo para la Lucha contra el Terrorismo es el principal canal para publicar listas de actividades terroristas. Las listas de organizaciones y personas relacionadas con actividades terroristas publicadas en años anteriores se dividen principalmente en dos categorías: una, las listas de grupos y personas vinculados a movimientos separatistas como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental; y otra, las de otros grupos terroristas y sus integrantes. Entre ellas, las más claras son las listas de sanciones publicadas en tres fases por el Ministerio de Seguridad Pública en marzo de 2003, abril de 2008 y mayo de 2012, que involucran a cuatro organizaciones y 25 individuos. Es importante destacar que estas listas de organizaciones terroristas son información altamente sensible, por lo que en la mayoría de los casos no existen canales públicos para consultarlas. Las instituciones y personas relevantes deben seguir los anuncios oficiales de la Oficina del Grupo de Liderazgo para la Lucha contra el Terrorismo.

En segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores desempeña un papel especial en este sistema, principalmente cumpliendo con obligaciones internacionales según las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la publicación el 7 de octubre de 2025 del “Aviso sobre la revisión de la lista de personas sancionadas por la Comisión del Consejo de Seguridad de la ONU para la Organización del Estado Islámico y Al-Qaeda” refleja la cooperación con la resolución 1267 del Consejo de Seguridad para sancionar a organizaciones terroristas. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido varias notificaciones relacionadas con la implementación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea (resoluciones 1695, 1718, 2397), Irán (resolución 2402), entre otras, todas ellas incluidas en el alcance regulatorio de esta nueva normativa contra el lavado de dinero.

Por último, el Banco Popular de China, ya sea de manera independiente o en coordinación con otros órganos del Estado, mantiene listas de organizaciones y personas que representan un riesgo significativo de lavado de dinero y cuya omisión de medidas puede causar consecuencias graves. Estas listas se dividen principalmente en dos categorías: una, las listas negras internacionales, principalmente provenientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), accesibles en su sitio web bajo la sección “Publications” en “High-risk and other monitored jurisdictions”; y otra, listas negras nacionales, que provienen de la sección “Prevención del lavado de dinero” y “Sanciones financieras” en el sitio oficial del Banco Central.

Para los bancos, instituciones de pago y otras entidades financieras, la gestión de estas tres categorías de listas se ha convertido en una operación rutinaria. La nueva normativa aclara aún más su estatus legal y los requisitos específicos para su gestión.

Cómo consultar y responder a las listas de organizaciones terroristas como Turkestán Oriental

Las instituciones financieras y las empresas necesitan entender cómo obtener y utilizar con precisión las listas relacionadas con organizaciones terroristas como Turkestán Oriental en sus operaciones diarias. La consulta y respuesta varían según el tipo de lista.

Para las listas publicadas por la Oficina del Grupo de Liderazgo para la Lucha contra el Terrorismo, se recomienda seguir las últimas publicaciones oficiales y actualizar periódicamente las listas internas. Estas listas incluyen a movimientos separatistas como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental y son de suma importancia en la lucha contra el lavado de dinero.

Para las listas relacionadas con resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se debe consultar regularmente el sitio web de la ONU para obtener la información más actualizada y cruzarla con las notificaciones del Banco Central para garantizar la precisión y completitud de la información.

Para las listas mantenidas por el Banco Central, es necesario establecer mecanismos de consulta y actualización periódica para mantener la información de los socios en una “lista blanca” en todo momento.

La lista negra no es el fin: tres vías de recurso que se pueden intentar

Si una entidad o persona es incluida en la lista negra de lavado de dinero, no significa que no haya opciones. La novena cláusula de la nueva normativa establece vías de recurso específicas para diferentes tipos de listas, aunque con diferencias sustanciales en su operación.

Para las listas publicadas por la Oficina del Grupo de Liderazgo para la Lucha contra el Terrorismo, la persona afectada puede solicitar una revisión conforme a la “Ley contra el Terrorismo de la República Popular de China” a través de dicha oficina. Sin embargo, dado que estas listas involucran asuntos sensibles como Turkestán Oriental, las probabilidades de éxito en la revisión son extremadamente bajas, y generalmente no es posible eliminar la inclusión mediante procedimientos normales. Lo mismo aplica para las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya eliminación depende de las resoluciones del propio Consejo, no de las decisiones unilaterales de las autoridades regulatorias nacionales.

Para las listas publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la persona afectada puede presentar solicitudes de eliminación siguiendo los procedimientos establecidos por dicho ministerio. La tasa de éxito en estos casos también es baja, requiriendo pruebas sólidas de que no tiene relación con actividades terroristas.

Para las listas reconocidas por el Banco Popular de China, ya sea de manera independiente o en coordinación con otros departamentos, las posibilidades de recurso son mayores. Los afectados pueden solicitar revisiones administrativas ante los órganos que las hayan establecido; si no están conformes con la decisión, pueden presentar recursos judiciales. Con la asistencia de abogados, recopilar pruebas objetivas suficientes y acudir a la vía judicial puede tener cierta probabilidad de éxito.

Alcance de la implementación de la nueva normativa: cumplimiento integral desde instituciones hasta personas

El “Reglamento de Gestión de Medidas Especiales de Prevención del Lavado de Dinero” es una regulación que detalla aún más lo establecido en el artículo 40 de la “Ley contra el Lavado de Dinero (Revisión 2024)”. Este artículo establece que “toda entidad y persona debe, según los requisitos de las autoridades nacionales, adoptar medidas especiales de prevención del lavado de dinero respecto a las personas y entidades listadas en las siguientes listas”. Esto implica que el alcance de regulación abarca instituciones financieras, instituciones no financieras específicas, empresas y personas naturales.

Para las personas, la recomendación principal es no prestar su identificación ni sus tarjetas bancarias. Si otros utilizan su identificación para abrir cuentas o realizar actividades de lavado, y estas personas son vinculadas a listas negras, sus bienes legítimos podrán ser restringidos en su transferencia y uso. Aunque el artículo 4 de la nueva normativa enfatiza la protección de los derechos de terceros de buena fe, demostrar la buena fe requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Para las empresas, especialmente aquellas involucradas en comercio transfronterizo y transacciones de gran volumen, es fundamental establecer procedimientos de revisión de socios comerciales. Deben consultar periódicamente las listas negras en canales públicos y, en caso de detectar que un socio ha sido incluido, detener inmediatamente todos los servicios y transferencias, y reportar a las autoridades correspondientes. De lo contrario, la empresa también podría ser considerada como objeto de medidas restrictivas por su relación.

Para cualquier entidad incluida en medidas restrictivas, la acción más adecuada es consultar a un abogado especializado, identificar claramente la categoría de la lista negra, colaborar activamente con las investigaciones de las autoridades, evitar usar o transferir activos personales y recopilar registros de transacciones legítimas recientes para solicitar la eliminación de las medidas especiales por vía legal.

Regulación de criptomonedas: los activos digitales ya no están fuera del marco legal

El artículo 29 de la nueva normativa aclara que los fondos incluyen diversas formas de activos demostrados en forma electrónica o digital. Esto significa que las criptomonedas quedan formalmente incorporadas en el marco regulatorio contra el lavado de dinero. Muchas personas creen erróneamente que las criptomonedas pueden evadir la regulación contra el lavado de dinero, pero esto es peligroso.

Los activos cifrados también están dentro del alcance de las medidas especiales contra el lavado de dinero. Si las criptomonedas en posesión de individuos se utilizan en actividades ilícitas, pueden ser sujetas a congelamiento y confiscación. Las criptomonedas nunca han sido una “muralla” contra delitos ilegales; por el contrario, debido a su anonimato y carácter transfronterizo, se han convertido en un foco de atención clave en la regulación contra el lavado de dinero.

Nuevos patrones para el desarrollo de la conformidad en el futuro

A medida que la normativa contra el lavado de dinero detalla progresivamente las medidas especiales, el alcance de las listas negras se vuelve cada vez más claro y definido. La tendencia futura de la regulación será hacia una supervisión penetrante y una mayor transparencia en las transacciones.

Las instituciones financieras deben mejorar rápidamente sus mecanismos de revisión contra el lavado de dinero, establecer conexiones en tiempo real con bases de datos de listas negras y colaborar activamente con las autoridades en la adopción de medidas especiales. Las empresas y las personas deben cumplir con la ley, identificar cuidadosamente a sus contrapartes, gestionar adecuadamente sus cuentas y prevenir que otros utilicen sus cuentas personales para actividades de lavado.

En una era de regulación en constante perfeccionamiento, lograr una integración orgánica entre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos será fundamental para garantizar la estabilidad y salud del mercado, fortaleciendo la seguridad y protección de todos los participantes del mercado.