Las tarifas de Trump y el "Plan B" enfrentan dudas, expertos: La situación económica actual de EE. UU. no cumple con la "Cláusula 122"

Según reporta la Xinhua, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar los intentos de la Casa Blanca de aplicar aranceles mediante la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA), el gobierno de Trump activó rápidamente el “Plan B”, invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles máximos del 15% a los productos importados a nivel mundial.

Sin embargo, esta herramienta de emergencia diseñada para hacer frente a una “crisis de balanza de pagos” enfrenta amplias dudas sobre su legalidad por parte de economistas y expertos jurídicos, cuya disputa central radica en que las condiciones económicas actuales de EE. UU. no cumplen con los umbrales legales establecidos por dicha sección.

Según Axios, el gobierno de Trump justificó la invocación de esta sección alegando que EE. UU. presenta un “déficit comercial y de balanza de pagos” enorme y grave, incluyendo una “posición de inversión internacional neta” negativa de 26 billones de dólares. En un comunicado publicado el viernes, la Casa Blanca advirtió que, si estos problemas internacionales de pagos no se resuelven, se pondrá en riesgo la capacidad de EE. UU. para financiar sus gastos, erosionar la confianza de los inversores y representar una amenaza para la economía y la seguridad nacional.

A pesar de la postura firme de la Casa Blanca, expertos del mercado y jurídicos señalan que EE. UU. no muestra síntomas típicos de una crisis de balanza de pagos, como una caída abrupta de la moneda, aumento de las tasas de interés o congelamiento de flujos de inversión extranjera. Joe Brusuelas, economista jefe de RSM, afirmó claramente en un informe que, desde la situación económica, la balanza de pagos y el sistema monetario, la situación actual no cumple con los requisitos establecidos en la Sección 122.

Aunque esta nueva medida arancelaria otorga al presidente la facultad de saltarse los procedimientos de investigación y aplicar impuestos directamente, también la somete a restricciones legales como un “tope del 15%” en la tasa y una “vigencia de 150 días”. Dave Townsend, abogado de comercio internacional en Dorsey & Whitney, señaló que, considerando la magnitud de los montos involucrados, se espera una nueva ola de demandas contra la Sección 122, en la que las empresas buscarán recuperar los aranceles ya cobrados.

La “autodestrucción” del Departamento de Justicia y los obstáculos legales

El uso de la Sección 122 por parte del gobierno de Trump enfrenta desafíos derivados de declaraciones previas de su propio equipo legal. Según Axios, el año pasado, Brett Shumate, asistente del fiscal general de EE. UU., afirmó en un informe que la invocación de esta sección como base para aplicar aranceles era incorrecta.

El documento del Departamento de Justicia señalaba que la preocupación por el estado de emergencia del presidente derivaba del déficit comercial, pero esto, en términos conceptuales, difiere completamente de la balanza de pagos, y enfatizaba que la Sección 122 no tiene “una aplicabilidad obvia” en este contexto. Esta postura legal previa podría ahora servir como un argumento sólido en una nueva ola de demandas para desafiar la legitimidad de las decisiones de la Casa Blanca.

No obstante, la diferencia de tiempo en la implementación práctica puede favorecer al gobierno de Trump. Se señala que es difícil que los tribunales puedan emitir una decisión definitiva sobre la legalidad de los aranceles bajo la Sección 122 dentro del plazo de 150 días permitido por la ley. Esto le da más tiempo al gobierno para aprovechar otras autorizaciones legales más maduras, como las secciones 232 y 301, para buscar medidas arancelarias más específicas bajo el pretexto de seguridad nacional y prácticas comerciales desleales.

La paradoja económica detrás de los datos del déficit

Según un artículo de Wallstreetcn, para justificar la necesidad de los aranceles, Trump mencionó en su anuncio presidencial la posición de inversión internacional neta (NIIP) de EE. UU., que alcanza los -26 billones de dólares, como evidencia de que la relación de pagos internacionales está empeorando.

No obstante, los economistas no aceptan esta atribución. Algunos análisis señalan que una de las principales causas del NIIP negativo es que los activos estadounidenses en manos extranjeras valen mucho más que los activos extranjeros en EE. UU., y que el aumento en el mercado bursátil estadounidense —que Trump consideraba un “voto de confianza” en sus políticas— ha sido un factor clave en la ampliación del déficit. Además, si los aranceles logran incentivar a las empresas extranjeras a invertir más en EE. UU., este déficit negativo podría incluso ampliarse.

La mayoría de los economistas sostiene que, si no hay evidencia de que EE. UU. no pueda pagar sus cuentas o cumplir con sus obligaciones a los inversores internacionales, no existe una “crisis”. Si realmente ocurriera una crisis de balanza de pagos, los mercados financieros venderían activos estadounidenses y el dólar se desplomaría por la pérdida de confianza, pero esa no es la situación actual del mercado estadounidense.

El juego político en el plazo de 150 días

A diferencia de las herramientas arancelarias que Trump ha intentado usar anteriormente, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 otorga al presidente la facultad de actuar directamente sin esperar investigaciones de agencias federales, en respuesta a una “enorme y grave” crisis de balanza de pagos o una “devaluación significativa del dólar”. Esta sección remonta sus orígenes a la “Chocante de Nixon” en 1971, cuando se utilizó principalmente para forzar a otros países a renegociar sus tipos de cambio.

No obstante, la ley también establece límites claros para el poder ejecutivo: la tasa máxima de arancel no puede superar el 15%, y la duración máxima de la medida es de 150 días. Para extenderla, se requiere aprobación del Congreso. Esto significa que, aunque los nuevos aranceles puedan implementarse en el corto plazo, su continuidad está legalmente limitada y en cuenta regresiva.

Aunque según las reglas internacionales, la imposición de aranceles por una “crisis de balanza de pagos” generalmente requiere notificación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su evaluación de la medida, en el contexto actual en que EE. UU. ha debilitado sustancialmente la capacidad de resolución de disputas de la OMC, las restricciones internacionales se han vuelto simbólicas. Dave Townsend, de Dorsey & Whitney, afirmó que el uso repentino de la Sección 122 por parte de la Casa Blanca es una señal de que continuará ampliando los límites legales de la autoridad administrativa en temas de aranceles y comercio.