Casi 2,200 personas se han beneficiado de la ley de amnistía de Venezuela, dice el legislador

• Resumen

• Se han presentado más de 3,000 solicitudes de amnistía, los tribunales tienen 15 días para decidir

• La amnistía se considera parte de un paquete para normalizar relaciones con EE. UU.

• La ley de amnistía ha sido criticada por no ayudar a todos los presos políticos

• La ley excluye la devolución de bienes y sanciones a medios de comunicación

23 de febrero (Reuters) - Casi 2,200 personas han sido liberadas de cárceles venezolanas o han visto retiradas otras restricciones legales desde la entrada en vigor de una nueva ley de amnistía, dijo el lunes el diputado del partido gobernante Jorge Arreaza.

La ley, aprobada la semana pasada, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que afirman que no ofrece alivio a cientos de presos políticos. Otorga amnistía por participación en protestas políticas y “acciones violentas” durante meses específicos entre 2002 y 2025, pero no detalla los delitos exactos que son elegibles.

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Aunque el gobierno siempre ha negado tener presos políticos y afirma que los encarcelados han cometido delitos, la presidenta interina Delcy Rodríguez ya había liberado a cientos de personas que los grupos de derechos califican como presos políticos antes de la aprobación de la ley. Este esfuerzo se ve como parte de un paquete de acuerdos clave para normalizar relaciones con EE. UU. tras la captura del presidente Nicolás Maduro, en enero.

La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han denunciado durante años que el gobierno usa las detenciones para reprimir la disidencia.

“Hoy podemos decir que gracias a la ley 177 se han producido liberaciones y 2,021 personas que estaban bajo restricciones de presentación han sido liberadas completamente”, dijo Arreaza, presidente de la comisión legislativa creada para supervisar la implementación de la ley, junto a Rodríguez en el palacio presidencial.

Las personas liberadas en Venezuela pueden estar bajo arresto domiciliario o ser requeridas a reportarse regularmente a la policía o tribunales por un período específico.

Más de 3,000 solicitudes han sido presentadas por abogados y otros en nombre de presos que desean beneficiarse de la ley, agregó Arreaza. Los tribunales deben decidir sobre las solicitudes en un plazo de 15 días, según la ley.

La ley no devuelve bienes confiscados, revoca prohibiciones de ocupar cargos públicos por motivos políticos ni cancela sanciones contra medios de comunicación. También requiere que quienes viven en el extranjero y enfrentan cargos se presenten en persona en Venezuela para que se les conceda la amnistía.

La ley solo cubrirá a “personas que hayan cesado la ejecución de las acciones que constituyen delitos”, una especificación que podría excluir a muchos de la oposición que han continuado su activismo desde otros países.

Mientras tanto, Alfredo Romero, director del grupo de derechos legales Foro Penal, dijo que más de 30 personas habían sido liberadas el lunes del centro de detención Rodeo cerca de Caracas, uniéndose a otras liberadas de varias instalaciones durante el fin de semana.

Foro Penal informó el domingo que más de 460 personas han sido liberadas desde el 8 de enero, cifra que no incluye a quienes fueron liberados de prisión pero recibieron arresto domiciliario u otras medidas restrictivas.

Políticos de oposición, disidentes de los cuerpos de seguridad, periodistas y activistas de derechos han sido acusados durante mucho tiempo de delitos como terrorismo y traición, que ellos, sus familias y sus abogados consideran injustos y arbitrarios.

Entre las figuras liberadas destacadas están el político de oposición Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado, detenido nuevamente y luego liberado de una orden de arresto domiciliario, y el abogado Perkins Rocha, que está bajo arresto domiciliario. Ambos son aliados cercanos de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición María Corina Machado.

También han sido liberados desde enero el líder de la oposición Freddy Superlano, quien sigue bajo arresto domiciliario, Rafael Tudares, yerno del ex candidato presidencial de oposición Edmundo González, y Javier Tarazona, director de una ONG.

Información de Reuters; edición de Lincoln Feast.

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