
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado recientemente en redes sociales y declaraciones públicas que, si toma posesión el 20 de enero de 2026, impulsará una política temporal de un año que limitará la tasa anual de interés de las tarjetas de crédito al 10 % en todo el país. Trump subrayó que las tasas actuales de las tarjetas de crédito se mantienen entre el 20 % y el 30 % o más desde hace tiempo, lo que representa una carga injusta para los consumidores. Además, afirmó que las compañías de tarjetas de crédito que no acaten la medida serían consideradas “ilegales”.
La propuesta surge en un contexto de persistente presión inflacionaria y aumento de la deuda de los hogares. Su objetivo es aliviar la presión sobre el flujo de caja causada por la deuda de alto interés para los consumidores, y responde también a la promesa electoral de Trump en 2024 de “reducir el coste de vida”.
El anuncio generó movimientos inmediatos en los mercados financieros. Las acciones de entidades con grandes carteras de tarjetas de crédito, como Capital One y Synchrony Financial, sufrieron caídas notables. Bancos de referencia como JPMorgan Chase y Citigroup también registraron retrocesos significativos.
Las principales preocupaciones de los inversores son:
Dado que las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito han sido históricamente uno de los principales motores de beneficio para los bancos, una reducción drástica obligaría a reequilibrar sus estrategias de rentabilidad y asignación de capital.
Desde el lado de los consumidores, la política ha recibido respaldo en ciertos grupos. Para las familias con deuda de tarjeta de crédito de alto interés, establecer un límite se percibe como un alivio directo y tangible.
Las entidades financieras y asociaciones del sector, por el contrario, han manifestado una fuerte oposición, señalando varios riesgos clave:
Organizaciones como la Consumer Bankers Association advierten que, aunque el objetivo es mejorar la accesibilidad, un límite excesivamente bajo podría provocar efectos contrarios a los previstos.
Desde el punto de vista regulatorio, el presidente no puede imponer por sí solo un límite nacional a la tasa de interés mediante una orden ejecutiva. Estas medidas requieren la aprobación legislativa del Congreso de Estados Unidos para adquirir fuerza legal.
Si bien el Congreso ha debatido anteriormente propuestas para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito,
Por tanto, los mercados consideran poco probable que la medida se implemente a corto plazo.
En síntesis, el límite del 10 % a la tasa de interés de las tarjetas de crédito es, principalmente, una señal política con fuerte carga electoral. Su impacto inmediato se reflejará más en el sentimiento del mercado y la volatilidad de las acciones que en cambios regulatorios concretos.
Si la política prospera, los sectores de tarjetas de crédito y financiación al consumo en Estados Unidos podrían afrontar una transformación estructural de gran alcance, con efectos que irían mucho más allá de las tasas de interés.





